RAUL BURGOS
LA PAZ

Un llamado a la desobediencia civil de cinco regiones opositoras al gobierno no se concretaba en hechos ayer pero se convirtió en un elemento más de la polarización en Bolivia, también visible en una Asamblea Constituyente que intenta volver a sesionar tres meses después de su cierre forzado.

La amenaza de desobediencia civil fue decidida el lunes por cuatro departamentos -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- opositores al presidente Evo Morales y a ellos se unió ayer Cochabamba. Las regiones protestan así por una decisión del gobierno central de retirarles recursos para financiar un bono para ancianos.

Mientras el gobierno y organizaciones populares rechazaron el llamado a la desobediencia de los prefectos, la oposición de derecha recibió con cautela el anuncio de una ''resistencia democrática que incluye categoría de persuasión y protesta, desobediencia civil e intervención no violenta'' de oficinas públicas, según el documento aprobado el lunes.

''Estamos en función de la Constitución y las leyes y no de las amenazas, y el gobierno nacional tiene que garantizar que las instituciones democráticas puedan trabajar con toda normalidad'', según Oscar Ortiz, influyente senador del principal partido opositor de derecha Podemos.

El vocero presidencial, Alex Contreras, dijo que la convocatoria a la desobediencia atenta contra la Constitución Política, mientras que el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, recordó que ``estamos en un estado de derecho y las medidas de facto como resistencia civil, autonomía de facto, tomas de oficinas son contrarias al ordenamiento constitucional''.

Según el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, los prefectos iniciaron una campaña de sedición para desestabilizar al gobierno. ''Ingresan en tipos delictivos al llamar a la sedición y a la subversión'', acotó.

El director de Descentralización de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, aclaró en tanto que desobediencia civil ``se refiere a marchas de cacerolas, huelgas de hambre y otros pronunciamientos o actos democráticos (a los) que cualquier individuo tiene derecho''.

El jefe de bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, consideró que la amenaza es una ''bravuconada'' de los prefectos que ``carecen de condiciones para ejecutarla''.

La polarización política tiene un foco mayor en la Asamblea Constituyente donde el martes chocaron universitarios opositores con campesinos leales al presidente Evo Morales.

Varios campesinos fueron golpeados por universitarios y mujeres afines a las organizaciones civiles de derecha de Sucre (sudeste de Bolivia), quienes proferían gritos de corte racista, según imágenes de la televisión.

''El que no salta es llama'' (auquénido andino) y ''fuera collas de Sucre'', fueron los gritos más frecuentes al desalojar a los campesinos de los predios de la Constituyente donde intentaban levantar una vigilia.

Los incidentes ocurren después de que la Constituyente fracasó el lunes en su intento de reanudar sesiones luego de tres meses de receso al surgir nuevos desacuerdos, en particular en la pugna por la sede de los poderes entre Sucre y La Paz.